MOLOTOV y la Sala Constitucional: Censura previa de espectáculos públicos.

MOLOTOV y la Sala Constitucional: Censura previa de espectáculos públicos.

Por - Herman Duarte 

"…el tipo de música de ellos es  sumamente fuerte, con malas palabras que incitan a la violencia y no contribuye  en nada por lo que nosotros estamos trabajando" dijo Carlos Urrutía director de Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación de El Salvador en el año 2003 cuando decidieron prohibir el recital del grupo Mexicano MOLOTOV. Fernando Grediaga, representante de la diquera de Universal Music de MOLOTOV respondió con la realidad: "nunca un concierto de Molotov ha  generado violencia como de una horda de jóvenes fúricos (furiosos) que salgan a  tomar las calles" y sentenció una lapidaria frase que es usual en El Salvador: “Al fin y al cabo será peor para el gobierno del Salvador porque están  tapando el sol como un dedo sin atacar las consecuencias.".Todo lo anterior según lo reportado por El Universo.   

 

Todo lo anterior según lo reportado por El Universo.   Por supuesto que MOLOTOV no ha sido la única víctima de la moralidad de los servidores públicos de Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación, películas como "Lucía y el sexo" , “Los Borgia”, “Hush!”, entre otras[1]. Razón por la cual cabe analizar los criterios jurídicos dominantes en la materia para determinar la legalidad o no de lo actuado.

La Corte IDH, la interprete oficial de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) ha definido libertad de expresión como el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás[2]y ha destacado que este derecho tiene dos dimensiones, una individual y otra social, y que mientras que la dimensión individual se refiere al reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir y el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, la dimensión social se refiere al medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas, de manera que comprende el derecho a tratar de comunicar a otras personas puntos de vista personales, e implica también el derecho de todas las personas a conocer opiniones, relatos y noticias[3].

El sistema salvadoreño esta obligado a seguir el mismo criterio fijado por los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al respecto, han señalado que, el amplio manto de la libertad de expresión, no es absoluto[4]. Sin embargo, el artículo 13 de la Convención Americana proscribe la censura previa[5]y las restricciones indirectas (como seria promover una campaña de desprestigio para que un programa pierda clientes en pautas comerciales). En este sentido, la CADH permite únicamente la posterior imposición de responsabilidad en un conjunto reducido y definido de excepciones, como las destinadas a proteger la seguridad nacional, el orden público y los derechos, así la reputación de los demás. 

El artículo 13, en su conjunto, también contiene disposiciones concretas que rigen las restricciones a la libertad de expresión cuando se evalúa la proscripción del inciso 5 a la «apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la violencia [6]».  De manera que, las expresiones que incitan o fomentan «el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia», también quedan fuera del ámbito de protección de la Convención Americana, pues son expresiones perniciosas y los delitos de lesa humanidad con frecuencia van acompañados o precedidos de esta forma de expresión. Las medidas que rigen las expresiones de odio, habida cuenta de su interferencia con la libertad de expresión, deben estar previstas por ley, servir un fin legítimo establecido en el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar ese fin.

En El Salvador hasta el año 2010 se rigió por el “Reglamento Para Teatros, Cines, Radioteatros, Circos Y Demás Espectáculos Públicos” de 1948, es decir que fue promulgado 3 años posterior al a II Guerra Mundial y vivió hasta el año 2010 en la cual fue declarado como inconstitucional por la Sala Constitucional, la cual ordenó a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa crear una ley de espectaculos públicos como existe en todo el mundo, lo cual no he logrado identificar que hayan cumplido a 8 años.  La falta de cumplimiento, hace sentido cuando leo en las noticias que el grupo de diputados de ARENA envian una carta al director de espectáculos públicos para no autorizar un concierto de música de heavy metal, por ser “diabolica”. 

Sin entrar a discusión sobre el efecto pernicioso que podrá tener un concierto de rock entre las 100-300 personas que asistan, lo importante es que toda censura previa cumpla los requisitos del artículo 13 de la CADH, de lo contrario no será una actuación legítima y es susceptible de ser amparada ante la Sala Constitucional, pues esa entidad tiene competencia para conocer tres tipos de procesos especiales: a) Inconstitucionalidades a fin de declarar contraria a la constitución cualquier disposición normativa (incluyendo reformas constitucionales como las que buscan prohibir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo); b) amparos, por violaciones de derechos fundamentales (como el de libertad de expresión por ejemplo); y, c) Habeas Corpus, un proceso de amparo especial enfocado en la libertad de circulación ante caso de detenciones arbitrarias por funcionarios públicos y particulares.  

En el caso que no existan Magistrados como ocurre en el país – un golpe de Estado técnico en en el Estado de Derecho Light de El Salvador- se podrá recurrir al sistema interamericano de derechos humanos para remediar la valia de las violaciones a derechos fundamentales que ocurran.

[1]Valencia, D. (1 de febrero 2010). Así se censura el cine en El Salvador. El Faro. Extraído de:  http://www.elfaro.net/es/201001/noticias/1037/As%C3%AD-se-censura-el-cine-en-El-Salvador.htm?st-full_text=all&tpl=11

[2]CORTE IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 293. Párr. 135. 

[3]CORTE IDH. Caso «La Última Tentación de Cristo» (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 73.

[4]Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Las expresiones de odio y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (2004). Extraído de: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Expreisones%20de%20odio%20Informe%20Anual%202004-2.pdf. Párr. 3

[5]Existen autores que indican que la censura, niega nuestra autonomía al negarnos el derecho a emitir un juicio moral sobre lo que debemos leer o escuchar. Nos niega la posibilidad de acceder al conocimiento y la verdad. Desde este punto de vista, las ideas más peligrosas solo pueden ser derrotadas por personas fuertes, no por leyes represivas.

[6]Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Las expresiones de odio y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (2004) Extraído de: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Expreisones%20de%20odio%20Informe%20Anual%202004-2.pdf. Párr. 40